Clara denuncia a Samuel y Adrián, una probadita de lo que viene para el 2027 -

Con el objetivo de defender los recursos del pueblo de Nuevo León y exigir justicia, Clara Luz Flores Carrales, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para presentar dos nuevas denuncias penales contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, así como contra otras personas que resulten responsables.

Acompañada por el senador Alejandro Murat, legisladoras y legisladores locales y federales, senadoras y senadores, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores detalló que ambas denuncias documentan presuntos esquemas mediante los cuales se habría utilizado el poder público para favorecer intereses particulares y comprometer los recursos de las y los nuevoleoneses.

“Ambos casos tienen un elemento en común: el presunto uso de los cargos públicos para beneficiar intereses particulares. Samuel García y Adrián de la Garza representan las mismas formas de operar: utilizar el poder público para comprometer el dinero de la gente. El servicio público no es un negocio personal y los recursos públicos no son patrimonio de una familia”, advirtió Flores Carrales.

La primera denuncia señala presuntas operaciones por 7 mil 212 millones de pesos en el Gobierno estatal, así como contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por autoridades estadounidenses.

La segunda está relacionada con el caso Next Energy, en Monterrey, cuya contratación contempló una autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos, con pagos que habrían superado los mil 603 millones. En ese sentido, Flores Carrales indicó que Nuevo León y el pueblo de Nuevo León ya tienen quien los defienda, “porque en Morena los vamos a defender. Esto desecha la versión del mismo gobernador de que se trata de una persecución política”, resaltó.

Flores Carrales solicitó la intervención de autoridades financieras y fiscalizadoras para reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar las posibles responsabilidades. Subrayó que no se trata de una persecución política, sino de exigir cuentas claras y que se investigue hasta las últimas consecuencias. “No estamos prejuzgando. Exigimos que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes. El dinero del pueblo se respeta y la justicia no se negocia”, concluyó.