Una elección no se organiza con promesas
Por Rodin
Resulta preocupante que, cuando falta poco más de un mes para que comience formalmente el proceso electoral 2026-2027, la presidenta del organismo encargado de organizar las elecciones locales en Nuevo León advierta que no cuenta con una partida específica para cumplir con esa responsabilidad.
Beatriz Camacho, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, informó que el organismo trabaja bajo una reconducción presupuestal y que necesita entre mil 200 y mil 400 millones de pesos para sacar adelante la próxima elección.
La declaración no puede pasar como una noticia más. En 2027 elegiremos gobernador, alcaldes y diputados locales. Está en juego la renovación del poder público en Nuevo León y, por lo tanto, la estabilidad política del estado.
Organizar una elección cuesta dinero. Se requieren locales, equipos, personal capacitado, sistemas informáticos, documentación, urnas, mamparas y vigilancia. También deberán instalarse las 51 comisiones municipales electorales y realizarse los trabajos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Nada de eso puede improvisarse unas semanas antes de acudir a las urnas.
Por eso surge una pregunta inevitable: ¿cómo llegamos hasta este momento sin que el organismo electoral tenga asegurados los recursos que necesita? Las elecciones de 2027 no aparecieron de repente en el calendario. Desde hace años se conoce la fecha y se sabía que durante 2026 comenzarían los preparativos. El propio Consejo General determinó que el proceso electoral local iniciará el 6 de octubre de este año.
Durante los últimos meses, la presidenta del Instituto ya había advertido que necesitaba recursos adicionales. En mayo señaló que requería una ampliación de 125 millones de pesos para instalar las comisiones electorales de los 51 municipios. Si la advertencia se hizo con anticipación, corresponde explicar qué respuesta dio el Gobierno estatal y qué acciones emprendió el Congreso.
No se trata de entregar un cheque en blanco. El Instituto debe presentar un presupuesto detallado y justificar cada peso solicitado. La autonomía electoral tampoco significa ausencia de vigilancia. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto costará la elección, en qué se gastará el dinero y por qué la cantidad requerida ha cambiado con el paso de los meses.
Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta dejar al organismo sin los recursos indispensables. El dinero destinado a organizar una elección no pertenece a su presidenta ni a los consejeros. Es dinero necesario para garantizar que los ciudadanos puedan votar y que su voluntad sea respetada.
Todo indica que una parte importante de la responsabilidad recae en el gobernador Samuel García. Para 2026, el Ejecutivo presentó su propuesta presupuestal dentro del plazo legal; sin embargo, el mandatario decidió no publicar el presupuesto aprobado por el Congreso y posteriormente lo vetó, dejando al Estado bajo una reconducción basada en las cantidades de 2025. En cuanto al Presupuesto de 2027, el plazo para presentarlo todavía no vence, pero eso no resuelve la necesidad inmediata del organismo electoral, pues los trabajos del proceso comenzarán en octubre de 2026. Corresponde al Gobierno estatal garantizar desde ahora los recursos necesarios y presentar para 2027 una propuesta suficiente, razonada y transparente.
Ante esta falta de acuerdos y de recursos oportunos, comienza a crecer una percepción inquietante: que alguien pretende enturbiar desde ahora el proceso electoral de 2027. No podemos afirmarlo sin pruebas, pero la sola sospecha debería preocupar a todas las fuerzas políticas. La incertidumbre presupuestal puede debilitar la confianza ciudadana antes de que comiencen las campañas y provocar dudas sobre la imparcialidad y la capacidad de la autoridad electoral.
La consejera presidenta debe hablar con claridad y explicar cuánto solicitó el Instituto, cuánto se le autorizó, cuánto ha recibido, cuánto falta por entregar y cuál es la fecha límite para disponer de esos recursos. Una advertencia de esta importancia no puede quedarse en una declaración general.
Sería lamentable que un estado con la capacidad económica de Nuevo León llegara a una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos en medio de dudas sobre su organización. Recursos existen; lo que parece faltar es acuerdo, planeación y voluntad para establecer prioridades.
Cuando el dinero destinado a organizar los comicios queda sujeto a promesas, negociaciones de última hora o cálculos partidistas, no solamente se pone en riesgo a una institución, sino también la certeza del voto de todos los nuevoleoneses.
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