septiembre 23, 2026

¿Presidenta de México o jefa política de Morena?

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Hay declaraciones que, más allá de su contenido, obligan a preguntar desde dónde se pronuncian. La de Claudia Sheinbaum sobre las encuestas de Morena para definir las candidaturas a las 17 gubernaturas rumbo a 2027 merece precisamente esa reflexión.

La presidenta dijo que se quitaría “un poco” la investidura presidencial para hablar del tema y sostuvo que Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, dirigentes de Morena, deberán abrir en su momento todas las encuestas.

La pregunta es inevitable: ¿puede una presidenta de la República quitarse la investidura presidencial cuando interviene públicamente en un asunto interno de su partido?

Jurídicamente, el problema no se resuelve con una declaración verbal. La Constitución establece principios de imparcialidad y equidad que obligan a los servidores públicos, mientras que el Tribunal Electoral ha señalado que quienes ejercen cargos públicos de mando tienen deberes especialmente estrictos de neutralidad cuando sus expresiones pueden influir en procesos electorales o favorecer a un partido político.

Por eso, el asunto no es menor. Morena es un partido político y la selección de sus coordinadores estatales —que posteriormente pueden convertirse en candidaturas— pertenece a la esfera partidista. La propia dirigencia morenista había decidido mantener bajo reserva los resultados de las encuestas hasta concluir las 17 definiciones.

Ahora, después de la intervención presidencial, Ariadna Montiel anunció que las encuestas serán dadas a conocer detalladamente, una por una.

La coincidencia temporal abre una interrogante política y jurídica que no debería soslayarse: ¿fue una decisión autónoma de Morena o una respuesta a la intervención de la presidenta?

Si la presidenta de México puede intervenir públicamente para orientar, presionar o marcar la ruta de decisiones internas de Morena, entonces la frontera entre Gobierno y partido comienza a volverse peligrosamente difusa.

Y si Morena pretende demostrar que sus procesos son democráticos y transparentes, no debería necesitar la intervención de Palacio Nacional para explicar sus encuestas.

La democracia exige partidos con autonomía y gobiernos con neutralidad.

La presidenta puede tener opinión política como ciudadana y militante. Pero mientras ejerza la Presidencia, sus palabras tienen un peso institucional que no desaparece simplemente porque diga que se quita “un poco” la investidura.

Ahí está el verdadero debate.

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