La improvisaci\u00f3n se ha convertido en un m\u00e9todo de gobierno o, quiz\u00e1 algo m\u00e1s preocupante, la construcci\u00f3n deliberada de reglas electorales y judiciales dise\u00f1adas no para fortalecer la democracia, sino para facilitarle al partido en el poder el control pol\u00edtico en escenarios adversos.<\/p>\n\n\n\n
Las recientes iniciativas enviadas por la Presidencia al Congreso \u2014la reforma a la reforma judicial y dos nuevas propuestas para \u201cblindar\u201d candidaturas y elecciones\u2014 revelan una mezcla de parche, c\u00e1lculo pol\u00edtico y af\u00e1n de perpetuidad.<\/p>\n\n\n\n
La primera iniciativa confirma, en los hechos, el fracaso de la reforma judicial aprobada apenas en septiembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n
A menos de dos a\u00f1os, el gobierno reconoce impl\u00edcitamente que el modelo era al menos inoperante.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el ajuste no corrige el problema de fondo; la crisis de justicia en M\u00e9xico sigue intacta.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta consiste b\u00e1sicamente en posponer al 2028 la siguiente elecci\u00f3n judicial \u2014aunque el problema reaparecer\u00e1 en 2030 en una elecci\u00f3n a\u00fan m\u00e1s compleja\u2014, ya que persiste la idea de empatarla con las otras elecciones; reducir el n\u00famero de candidaturas en las boletas; obligar a jueces en funciones a renunciar si desean competir y homologar parcialmente los criterios de selecci\u00f3n de candidaturas.<\/p>\n\n\n\n
Nada de eso mejora la impartici\u00f3n de justicia. Apenas simplifica la operaci\u00f3n pol\u00edtica y electoral de un modelo que incluso para esos efectos naci\u00f3 mal dise\u00f1ado.<\/p>\n\n\n\n
Menos candidaturas implican \u201cacordeones\u201d m\u00e1s manejables, es decir, mecanismos m\u00e1s simples para inducir el voto en elecciones ya de por s\u00ed incomprensibles para la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La semana pasada advertimos sobre el riesgo de celebrar simult\u00e1neamente las elecciones judiciales y las intermedias de 2027.<\/p>\n\n\n\n
El nivel de complejidad amenazaba con desbordar al INE y desincentivar la participaci\u00f3n ciudadana. Ese mismo d\u00eda la Presidencia anunci\u00f3 esta reforma correctiva, pero corregir no es necesariamente resolver y este es el caso.<\/p>\n\n\n\n
Resulta revelador que la reforma llegue apenas meses despu\u00e9s de que comenzaran a surgir dudas sobre el perfil y la capacidad de algunos de los juzgadores electos.<\/p>\n\n\n\n
La preocupaci\u00f3n ya hab\u00eda sido expresada incluso por figuras relevantes de la 4T, como Alfonso Ram\u00edrez Cu\u00e9llar, Olga S\u00e1nchez Cordero y Javier Corral. Ni siquiera esas advertencias sirvieron para construir una propuesta m\u00e1s seria.<\/p>\n\n\n\n
Porque elegir jueces por voto popular sigue sin resolver el problema estructural; al contrario, lo agrava. Convertir a los juzgadores en candidatos no alcanza siquiera la categor\u00eda de idea; es, insisto, una NO IDEA.<\/p>\n\n\n\n
La segunda iniciativa abre otro frente delicado. Se plantea crear una comisi\u00f3n del INE encargada de \u201cverificar la integridad\u201d de candidaturas.<\/p>\n\n\n\n
Para ello, los partidos podr\u00edan entregar \u2014eso s\u00ed, de manera voluntaria\u2014 listas de aspirantes a trav\u00e9s del INE a instancias de seguridad, inteligencia y autoridades financieras, con el fin de detectar posibles v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
El problema es evidente: se traslada a terceros una responsabilidad que corresponde a los partidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
Son ellos quienes postulan candidaturas y deber\u00edan asumir las consecuencias legales y pol\u00edticas de hacerlo irresponsablemente.<\/p>\n\n\n\n
Si se acredita financiamiento criminal, la sanci\u00f3n deber\u00eda implicar la p\u00e9rdida del registro partidista.<\/p>\n\n\n\n
En cambio, el gobierno se inclina a construir un sistema donde \u00f3rganos administrativos y agencias de seguridad terminen decidiendo qui\u00e9n puede o no competir.<\/p>\n\n\n\n
El concepto mismo de \u201criesgo razonable\u201d abre la puerta a interpretaciones discrecionales y pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
La tercera iniciativa es quiz\u00e1 la m\u00e1s inquietante. Bajo el argumento de \u201cblindar\u201d las elecciones frente a injerencia extranjera, se proponen causales de nulidad tan amplias y ambiguas que pr\u00e1cticamente cualquier cr\u00edtica internacional podr\u00eda convertirse en pretexto para judicializar una elecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las causales incluyen \u201cpresi\u00f3n pol\u00edtica, econ\u00f3mica, diplom\u00e1tica o medi\u00e1tica\u201d, \u201cmanipulaci\u00f3n digital\u201d e incluso \u201cvulneraci\u00f3n del territorio\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 significa exactamente eso? \u00bfBastar\u00eda un pronunciamiento cr\u00edtico de un gobierno extranjero sobre pol\u00edticas mexicanas para alegar intervenci\u00f3n electoral? \u00bfPodr\u00eda Morena argumentar que una cobertura medi\u00e1tica internacional afecta sus posibilidades y pedir la nulidad de una elecci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
La ambig\u00fcedad no fortalece la soberan\u00eda, fortalece la discrecionalidad.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9xico ya posee uno de los sistemas electorales m\u00e1s complejos y litigiosos del mundo. Las normas, sobrecargadas de excepciones y ambig\u00fcedades, han convertido la justicia electoral en un ejercicio churrigueresco y por lo mismo carente de certeza.<\/p>\n\n\n\n
La sobrerrepresentaci\u00f3n legislativa de 2024 es prueba suficiente de c\u00f3mo los intereses pol\u00edticos terminan imponi\u00e9ndose sobre la certeza jur\u00eddica, aun cuando se trate de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Y, sin embargo, en lugar de simplificar, transparentar y fortalecer instituciones, el oficialismo insiste en multiplicar controles, excepciones y mecanismos de intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s que reformas democr\u00e1ticas, se trata de reformas de conveniencia y a la medida. <\/p>\n\n\n\n